Imagine que Usted es un juez de la Corte Suprema (relativamente) joven a los 56 años. Comenzó su carrera recién salido de la facultad de derecho como abogado en Silicon Valley, convirtiéndose en una estrella naciente del mundo legal, especializándose en la intersección de la ley tecnológica y los derechos a la privacidad. Hace catorce años, el presidente lo eligió para la Corte Suprema, una logro notable, debido a su dinamismo, diligencia y experiencia en derecho tecnológico en un mundo cada vez más interconectado tecnológicamente.
Ser Juez de la Corte Suprema es el honor de su vida, pero la naturaleza de la Corte ha cambiado radicalmente desde que se graduó de Stanford Law, de maneras que a menudo le preocupan. Justo antes de ser nombrado miembro de la Corte Suprema, el Congreso aprobó una enmienda radical a la Constitución para reformar radicalmente el sistema judicial federal bajo la premisa, como lo expresó el entonces presidente de la Cámara, “hacer que los tribunales sean más enérgicos y responsables. ” La enmienda fue ratificada rápidamente por ¾ de los estados. Ahora todos los jueces federales, incluidos los que integran la Corte Suprema, cumplen mandatos de quince años antes de tener que ser renombrados por el presidente y el Senado. Como uno de los primeros nuevos nombrados después de la ratificación de esta enmienda, su mandato está a punto de expirar. Pero Usted espera servir varias décadas más en la corte.
Con la cuestión de su reelección en mente, ha llegado un caso importante al expediente de la Corte Suprema. Recientemente, el Departamento de Justicia ha demandado a una importante corporación tecnológica con la explicación de que esta se ha convertido en un monopolio ilegal. Creada como un motor de búsqueda notablemente eficiente, esta corporación es una fuerza omnipresente en el ciberespacio, que alberga miles de millones de búsquedas por día, hasta el punto en que tiene un poder extraordinario sobre la política y la economía estadounidense.
Después de pasar por los tribunales inferiores, el caso llega a su expediente. Después de semanas de estudiar los hechos y las leyes que rodean el caso, encuentra que la queja del Departamento de Justicia es correcta: esta corporación tecnológica ha usado su poder para comprar agresivamente y fusionarse con corporaciones más pequeñas dentro de su propia industria hasta que casi no queda alguna. Su análisis legal lleva a una conclusión clara: debe votar en contra de la corporación y ordenar que se disuelva.
Pero a pesar de su conclusión, los factores externos están afectando su juicio sobre cómo decidir. El presidente y el líder de la mayoría del Senado, junto con muchos otros senadores destacados, tienen una cantidad significativa de acciones de la corporación, cuyo valor colapsaría si esta perdiera el caso. Como su reelección depende de la buena disposición del presidente y el senado, le preocupa que fallar en contra de la corporación signifique que su mandato no se renovará.
Se encuentra atrapado en una situación preocupante. Siempre se ha esforzado por considerar la ley basándose únicamente en cómo la interpreta. Pero ahora, tiene presiones externas considerables que lo empujan a tomar una decisión en contra de su propia conciencia y su juramento. Si falla en contra de la corporación, está poniendo en peligro las posibilidades de ser nombrado nuevamente en el tribunal por un nuevo mandato. Al mismo tiempo, fallar en contra de la corporación perjudicará seriamente sus perspectivas en el futuro ejerciendo la abogacía en forma privada; con su especialización en derecho tecnológico, pocas empresas de tecnología importantes lo contratarán como abogado sabiendo que jugó un papel en el desmantelamiento de esta corporación.
Con mucho pesar, usted falla a favor de la corporación, su voto siendo crítico para el desempate en una decisión de cinco a cuatro. Nunca había considerado la posibilidad de verse comprometido de esta manera. Pero nunca lo habían puesto a prueba cuando estaban en juego intereses tan importantes.
Afortunadamente, la historia anterior no es nuestra realidad. En los Estados Unidos, el poder judicial es independiente de los demás y, por lo tanto, el juez en cuestión no se habría sentido obligado a fallar de una manera que contradijera su análisis legal.
En nuestro sistema, los jueces no están en deuda con los líderes políticos ni del poder legislativo ni del ejecutivo; de hecho, su aislamiento de las otras ramas aumenta la probabilidad de que gobiernen de manera justa y fiel de acuerdo con la ley. También significa que los tribunales federales pueden desempeñar un papel importante en el control de las otras ramas del gobierno, así como de los gobiernos estatales, previniendo y castigando la mala conducta y el abuso. Un ejemplo obvio e importante de esto es el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra Nixon (1974), que falló en contra del presidente Richard Nixon, recordándole que ni siquiera él está por encima de la ley.
La independencia del poder judicial se garantiza mediante una variedad de medidas. Primero, los jueces potenciales deben ser nombrados por el presidente y aprobados por dos tercios del Senado, lo que requiere un esfuerzo de colaboración entre partidos en la mayoría de los casos. En segundo lugar, una vez designado, el juez sirve de por vida, por lo general más que el Congreso y la administración presidencial que lo nombró. En tercer lugar, el Congreso tiene prohibido explícitamente modificar el salario de los jueces en funciones, lo que impide que el gobierno actual castigue o recompense a los jueces por la forma en que fallan en la corte.
Sin embargo, no podemos dar por sentada esta independencia judicial. Sin duda, la independencia del poder judicial nunca ha sido atacada del todo como en nuestra historia. Pero dado lo politizado que se ha vuelto el tribunal en los últimos años, tal realidad no es imprevisible. Los líderes políticos de ambos lados han reconocido el poder de aprovechar los tribunales por su beneficio político. Algunos incluso han esperado para llenar las vacantes de la corte federal hasta que sus rivales estuvieran fuera del poder, esperando tener la oportunidad de nombrar a un nuevo juez que refleje la ideología del partido que los nombró. Otros han propuesto crear escaños completamente nuevos en la Corte “llenando los tribunales”, como una forma de obtener el control de la mayoría de la Corte. Y el poder judicial también ha sido atacado por políticos que de hecho han amenazado a los jueces federales, no solo con un juicio político sino con amenazas de violencia, en respuesta a los fallos que han dictado los jueces.
Es más, debido al hiperpartidismo de la política actual, los tipos de jueces nominados al tribunal reflejan la ideología de los diferentes partidos. Esto esencialmente significa que muchos jueces de todo el espectro político fallarán, no en base a la ley, sino en base a sus inclinaciones partidistas. Esto prácticamente significa que el Congreso y el Presidente han influenciado los Tribunales con sus puntos de vista. Esta no es independencia judicial.
Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Una solución son los límites de mandato, pero a diferencia de nuestra historia, en la que la posibilidad de un nuevo nombramiento degradaba la independencia de la Corte, un plan viable no permitiría que los jueces cumplieran un segundo mandato. Los límites de plazo podrían hacer que el proceso de nombramiento sea menos polémico porque ellos reducen la duración del nombramiento. Pero más importante que enmendar la Constitución, quizás la única forma de abordar las amenazas a la independencia judicial es reducir el partidismo en nuestra política. Desde amenazas sin mérito de juicio político hasta planes para llenar los tribunales, los ciudadanos estadounidenses y los líderes políticos deben dejar de politizar el poder judicial federal. No importa qué protecciones estructurales tenga, si la gente quiere un Tribunal dependiente y politizado, eso es lo que va a conseguir.
Aunque el poder judicial es un aspecto relativamente pasado por alto e incomprendido de nuestro sistema democrático, es una parte increíblemente importante de nuestro gobierno. Los tribunales independientes cumplen un papel vital en la protección de los ciudadanos estadounidenses contra los abusos de poder por parte de nuestros líderes políticos mediante la afirmación de nuestros derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y nuestro código de leyes. Sin un poder judicial independiente, una democracia justa simplemente no sería posible y no tendríamos forma de garantizar la protección de nuestros derechos.
